Si bien es cierto que la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela es una realidad incuestionable para los ciudadanos colombianos expulsados sin los más mínimos respetos de las normativas internacionales en cuestión, y sobre todo de la misma dignidad humana que hace parte de todos; no es menos cierto que esta es una situación que ha ido creciendo por la vista gorda de los mismos gobiernos que no han tomado las medidas necesarias para erradicar el contrabando, la guerrilla, el paramilitarismo, el blanqueo de capitales y las bandas criminales organizadas entre otras que cohabitan en estas regiones. Es fácil cuestionar los ataques de ira de Maduro, porque deja en bandeja su ineficacia para gobernar de forma coherente, pues es un señor que cree que gobernar se hace así de fácil, y pone de manifiesto en la palestra "cómo no se deben hacer las cosas", ya que no sabe gestionar ni tomar medidas adecuadas, y sus arrebatos de niño malcriado van más allá de las desproporciones que él y sus secuaces con armas en las manos realizan con cada acto.
La frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más extensas en sur américa, la cual cubre más de 2.200 kilómetros, y son 5 los municipios que maduro ha decretado en estado de excepción, basándose en el artículo 337 de la constitución Bolivariana, el cual dice "El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos.....". Dicho esto, se afirma desde Venezuela que las bandas organizadas, la guerrilla, el paramilitarismo, los extorsionistas, el blanqueo de capitales, la delincuencia común colombiana, los carteles de mexicanos y colombianos que operan en la zona, y el contrabando están desangrando al país en todos los sentidos, y a esto se suma la inseguridad manifiesta en estas regiones y la caída de la economía por la salida de alimentos y toda clase de bienes perecederos y no perecederos que debilitan su economía, hasta el punto que en Colombia hay patios (lugares ocultos) donde se trae y deposita la gasolina de contrabando de Venezuela y luego son vendidas estas pimpinas (galones) hasta 527 veces más caras que el precio de salida en Colombia, generando esto un déficit en el PIB Venezolano.
Pero este no es todo el problema, ya que las bandas organizadas de colombianos según datos venezolanos y colombianos, manejan las zonas de estos 5 municipios declarados en estado de excepción por el Presidente Nicolás Maduro. Se sabe que las cancillerías de Colombia y Venezuela se encuentran en diálogos con ánimo de estabilizar la situación extrema que se vive en las fronteras en común y la tensión diplomática de los dos países. La comunidad internacional debería pronunciarse, por la forma en que están siendo tratados y despojados de sus bienes los colombianos y el trato inhumano que están sufriendo algunos incluso al ser separados de sus hijos menores bajo ninguna contemplación, o la perdida de la propiedad privada de forma ilegal. Los abusos de autoridad no se dejan esperar en estos casos, y más teniendo en cuenta que entre Colombia y el vecino país siempre ha existido una situación tensa y latente de enfrentamiento, a raíz de la disputa por el golfo de Coquivacoa.
Los carteles colombianos, mexicanos, y contrabandistas que operan en las zonas tienen triste a la economía venezolana, y el estado Bolivariano arroja unas cifras de perdidas anuales de más de 5.000.000.000 de dolares por año y desabastecimiento interno. Solo basta con ir a Cúcuta o Maicao para ver como entran los productos a nuestro país, y el control de nuestras autoridades solo se hace en realidad a los contrabandistas de menor escala; fue una situación que viví hace dos meses que visité el departamento de la Guajira, pero las grandes mafias tienen sus redes bien organizadas y sobornan de manera directa a las autoridades que dejan que sigan realizando sus conductas ilegales como si de algo normal se tratara. Las pimpinas de gasolina y víveres se venden por las calles como el pan y la policía transita frente a ellos como si nada. Pero esto no es motivo alguno para aceptar las vejaciones realizadas por las autoridades venezolanas contra nuestros compatriotas inmigrantes, que si bien no es una obligación venezolana aceptarlos, también es cierto que no pueden ser expulsados de esa forma, desconociendose la normativa internacional sobre expulsión de inmigrantes, que deben respetar todos los procedimientos legales señalados y no sin ajustarse a procedimientos judiciales o administrativos previos.
Muchos en Colombia opinan que el presidente Santos, debe mantener una postura más firme en cuanto a esta situación, de lo que se vale su opositor Uribe, para sacar pecho y salir a hacer frente a la oleada de Colombianos que regresan casi con la dignidad por el suelo por el trato recibido en el país vecino, pero cuando él estuvo en el poder tampoco hizo nada para solucionar la precariedad laboral que azota estas regiones. Actuar bajo la rabia en cierto caso puede ser un torpedo contraproducente que nos puede perjudicar a nosotros mismos como Colombianos, porque entraríamos a actuar bajo formas inconstitucionales y ajenos a las convenciones internacionales y normativas diplomáticas que son las que regirían nuestros principios y conductas gubernamentales en este ámbito, lo mismo que desconoceríamos nuestras propias leyes. La ira nos aleja de la realidad y nos acercaría a la inmadurez que manifiesta el Presidente Maduro en la toma de sus decisiones irracionales y por ende, nos despojaría de la humanidad que debemos tener en estos momentos.
El Derecho Internacional Público, a través de sus convenciones nos proporciona herramientas para hacer responsable al Estado venezolano de una demanda de responsabilidad extracontractual del estado de manera penal, civil y administrativa por la violación de los derechos humanos, a los que están siendo sometidos nuestros compatriotas. Pero solo si respetamos las normas podríamos actuar de forma correcta, sin vestirnos de ignorancia, como Maduro que con su falta de conocimientos ha denunciado a la convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que no sea aplicada en el territorio venezolano, creyendo que así se puede librar de responsabilidad al estado y él mismo, pero desconociendo que su propia constitución le ha abierto las puertas a esta convención con el bloque de constitucionalidad, para que la Corte Interamericana de DDHH, pueda actuar directamente en dicho país cuando de violación de derechos humanos se trate como es este caso. Es evidente que hay normas internacionales de carácter obligatorio y los países no pueden abstenerse a cumplirlas, y el Ius Cogens, o derecho de gentes es uno de estas normas de obligado cumplimiento para todos los estados y no necesitan firmarse por ser normas obligatorias sin excepción, y entre estos derechos de gentes obviamente están en primer lugar los derechos humanos con carácter supremo del respecto a la dignidad humana de toda persona y en cualquier parte y tiempo.
Por otra parte, la ONU puede actuar, a través de su consejo de seguridad, al conocer el caso por su comisión de derechos humanos, ya que este es un hecho notorio internacionalmente. Es estos momentos resulta irrelevante que el Estado venezolano se encuentre en una situación económica insostenible y que afirmen que es por culpa de las bandas organizadas colombianas, etc, que están en esa situación, porque aunque esto fuera cierto, no es la forma de hacer frente a algo que debió preverse de otra manera y en tiempo oportuno, y las medidas que han tomado en contra de los ciudadanos colombianos asfixian de forma cruel a quienes están siendo expulsados de manera inhumana. Por otra parte, también resulta ser una realidad que las mismas autoridades policiales venezolanas y colombianas han contribuido a que entre mercancía de contrabando a Colombia, pasando por nuestras fronteras sin problema alguno, y que las bandas criminales hayan proliferado en este sentido. Yo mismo lo presencié de forma abismal, y esto no es solo ahora, desde que tenía ocho años de edad viajaba en buses de forma ilegal de un lugar a otro sin documentación alguna y los agentes aduaneros de ambos países jamás se inmutaron.
Sostiene el Presidente Nicolás Maduro que las actividades ilegales de las bandas criminales colombianas, el paramilitarismo así como el contrabando y las otras actividades ilícitas antes mencionadas, están debilitando su economía, inclusive, estas dominan todas las rutas y trochas de salida y entrada de mercancías a Colombia y Venezuela, sobre todo las principales, recibiendo altas sumas de dinero para poder circular y transportar la droga y contrabando por estos caminos, y que por lo tanto él como Presidente de su país, debe actuar y lo ha hecho de forma dura, porque el gobierno colombiano no hace nada para solucionar un problema que también es suyo. Entonces la pregunta es ¿Será que el gobierno colombiano también tiene parte de culpa en la situación que viven nuestros compatriotas al no tomar medidas de control fronterizas adecuadas?, ya que entran y salen tanto por las trochas como por las fronteras y no pasa nada...
Todo esto es algo que hay que pensar con cabeza fría, no como otros que sostienen que se debe actuar de forma rápida en un problema con tantas cuestiones de fondo que ameritan tiempo. Si no se ha actuado antes para solucionar lo que se veía venir dentro de ambos gobiernos, cómo se puede entonces actuar a la ligera frente a dirigentes en el poder que solo actúan por reflejos, y de los que no se puede esperar algo coherente en sus vidas, porque lo único que han hecho es nada...Esto no lo arregla Santos de forma pasiva ni a la ligera, ni Uribe con su forma bélica y maliciosa de actuar, como muchos sostienen, de querer hacerlo hubiera sido más contundente con los paramilitares y no hubiese permitido su ingreso a otros territorios, porque los hubiera controlado dentro de nuestro país, ¿o es que se le salieron de las manos? Esto lo arreglan programas de gobierno que solucionen el tema de las desigualdades sociales y regionales, o no es cierto que la Guajira se encuentra entre las regiones más olvidadas del país, que si bien es cierto carecen hasta de agua potable en condiciones normales pues no los azota solo la sequía natural sino la gubernamental, dando esto para que cada quien se busque la vida como pueda, y cuando no hay puertas por donde entrar, las personas se inventan ventanas y así las mafias y organizaciones delictivas son atractivas para quienes jamás han tenido nada y "con una golosina en los labios cualquiera empieza a soñar".
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